Informes

Documentos de trabajo

A través de nuestros documentos de trabajo nos proponemos socializar con ciudadanos, académicos, funcionarios públicos y demás interesados, los hallazgos derivados de IntegriData y de nuestra agenda de investigación.

Nuestros análisis y recomendaciones se orientan a reducir la impunidad, a través del mejoramiento del funcionamiento de la institucionalidad anticorrupción, del sistema de administración de justicia, y del esquema de planes y políticas públicas que luchan contra la corrupción.

 

 

Gestión Fiscal de las Gerencias Departamentales Colegiadas

  • Las GDC decidieron sobre 9.664 procesos de responsabilidad fiscal durante el periodo analizado. Sin embargo, el 73% terminaron en archivo. Existen 3 causales preocupantes en materia de archivo: nulidad, caducidad y prescripción, que suman el 22.9% de los casos de archivo, el equivalente a un daño al patrimonio público por más de 2 billones de pesos.
  • Es preocupante el control fiscal de las GDC de Bolívar, La Guajira, Cesar y Santander. En el periodo analizado, estas gerencias sobresalieron por el cuantioso número de procesos de responsabilidad archivados. Bolívar, además de ser una de las GDC que más concentra procesos y de las que menos tarda en la investigación, presenta un número inquietante de casos archivados por nulidad, caducidad y prescripción, los cuales suman una cuantía irrecuperable de 134 mil millones de pesos. A su vez, concentra un alto número de procesos de cobro coactivo vigentes que suman más de 100 mil millones de pesos, de los que tan solo ha recaudado el 3%. La GDC de Guajira, por su parte, presenta la mayor cantidad de procesos finalizados con auto de archivo y, al igual que Bolívar, es de las que tarda menos en finalizar las investigaciones.
  • En cuanto al recaudo fiscal, tan solo las GDC de Quindío, Caldas, Guaviare, Arauca y Tolima registraron en sus cuentas un valor de recaudo superior al valor correspondiente al saldo pendiente. No obstante, en los casos restantes el valor recaudado permanece en niveles muy inferiores, especialmente, en las GDC de Bolívar, Córdoba, Atlántico y Cesar, donde el porcentaje de recaudo no supera el 6%. De hecho, del total de procesos de cobro coactivos estudiados, solo se ha logrado recuperar apenas el 6% del patrimonio público, es decir, 0.3 de 6.5 billones de pesos.

El papel de la URIEL en los procesos electorales

  • El objetivo de URIEL es unificar la recepción de todas las denuncias en materia electoral presentadas por la ciudadanía; recibirlas para su eventual priorización, traslado y seguimiento. No obstante, la MOE, en lugar de la URIEL, está recibiendo la mayor cantidad de denuncias y quejas interpuestas en materia electoral. Así pues, con su creación, la URIEL no ha llevado a cabo, de manera efectiva, su proceso misional. El papel protagónico que ha tenido la MOE en los últimos años para la recepción de denuncias ha suplido, hasta cierto punto, una responsabilidad que debería estar a cargo de la URIEL.
  • A las 16 entidades que integran la URIEL se les consultó por el presupuesto asignado y ejecutado para este canal de denuncias, incluyendo los contratos de las personas asociadas que tenían tareas relacionadas con la administración de la URIEL. A excepción del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, ninguna otra entidad manifestó tener asignado presupuesto para las actividades relacionadas con la URIEL.
  • El presupuesto correspondiente a la URIEL representa tan solo el 0,1 % del monto total establecido para el Ministerio del Interior en el periodo analizado —el cual se aproxima a los 4,1 billones de pesos—. En total, desde el año 2014 hasta el 2021, la URIEL ha ejecutado un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos. Durante los años 2017, 2018 y 2019 fue ejecutado el 6,9 % del total del presupuesto. Mientras que en 2014 y 2020 se empleó el 44 % del gasto total.

Segundo Informe de Hallazgos

  • Entre 2007 y 2018 la Corte Suprema de Justicia profirió 62 sentencias contra aforados por parapolítica. Solo dos de ellas fueron absolutorias. A partir del Acto Legislativo 1. De 2018, que otorgó el derecho a impugnar las sentencias condenatorias de forma retroactiva, se ha solicitado impugnación de cinco sentencias. El 83% de las sentencias fueron a miembros de la rama legislativa.
  • Los datos del Consejo Superior de la Judicatura ratifican una tendencia evidenciada en el Primer Informe de Hallazgos: los principales indicadores de administración de justicia decayeron en 2020, comparado con los años anteriores: la cantidad de decisiones condenatorias/absolutorias, condenados con aceptación de cargos/preacuerdos, cantidad de sentencias proferidas, entre otros. Sin embargo, es urgente diagnosticar el motivo por el cual las cifras entre las dos entidades difieren tanto.
  • Entre 2014 y 2020, la Contraloría General de la República profirió 2121 fallos de responsabilidad fiscal, de los cuales 51,7% declaran la existencia de responsabilidad, 44,6% son fallos sin responsabilidad, y 3,7% son fallos mixtos. El monto de los fallos con responsabilidad fiscal asciende en total a 1,14 billones de pesos.
  • Las Entidades no sujetas a vigilancia directa son las que cuentan con la mayor cuantía de detrimento patrimonial asociada (445 mil millones de pesos). Así mismo, los sectores salud (279 mil millones), minas y energía (106 mil millones), e infraestructura (80 mil millones), son los que le siguen.
  • El departamento de Tolima registra la mayor cantidad de fallos con responsabilidad fiscal entre 2014 y 2020 (78 fallos), mientras que el departamento de Casanare es el que acumula la mayor cuantía por fallos con responsabilidad fiscal, con 120 mil millones de pesos.

Recomendaciones de Política Pública

  • Se debe formular una Política Pública Nacional de Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo central sea la prevención, investigación y sanción de la corrupción. Esta política debe ser la hoja de ruta de la acción interinstitucional en materia anticorrupción del Estado colombiano.
  • La Secretaría de Transparencia debe ser la entidad de la Rama Ejecutiva que tenga presencia permanente en todos los escenarios interinstitucionales con injerencia directa o indirecta en la lucha contra la corrupción en Colombia.
  • La Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción debe ser un órgano consultivo del Gobierno Nacional, de la Comisión Nacional de Moralización y demás espacios interinstitucionales de lucha contra la corrupción.
  • La Rama Judicial, los organismos de control y la organización electoral deben dar mayor uso a la plataforma de Colombia Datos Abiertos para la centralización, unificación, verificación y publicidad de la información de acceso público en tiempo real.

Boletín Electoral Cero Impunidad

  • El 65% de irregularidades reportadas ante la Procuraduría General de la Nación entre 2014 y 2020 corresponden a la compra de votos, seguido por irregularidades en el conteo de votos (15,3%).
  • Del total de procesos disciplinarios contra jurados de votación y por irregularidades en conteo de votos, 81 se encontraban abiertos y 1.194 se encontraban inactivos. De este último grupo, 856 se archivaron, 17 recibieron fallo absolutorio y 2 recibieron fallo sancionatorio.
  • El 59% de las solicitudes de revocatoria de inscripción a candidatos para las elecciones de 2014 y 2018 provinieron de ciudadanos. En 11 casos efectivamente se revocó la candidatura, todas para el año 2014. El partido al que más se revocaron candidaturas fue al Partido Verde.

Primer Informe de hallazgos

  • En 2020 aumentó la ocurrencia de hechos relacionados con delitos contra la administración pública, que involucran a servidores públicos en cargos de elección popular, comparado con los años inmediatamente anteriores (2014-2019).
  • El control social ejercido a las inscripciones de candidatos en elecciones locales (2015 y 2019) fue bajo: mientras solo el 7% de las solicitudes de revocatoria de inscripciones las radicó la ciudadanía, los partidos y movimientos políticos radicaron el 20% y el 73% la PGN.
  • Varios indicadores de judicialización de procesos penales por delitos contra la administración pública y contra mecanismos de participación democrática se redujeron en 2020, comparados con los valores de años anteriores. Por ejemplo, se redujeron las legalizaciones de captura, preclusiones, aceptaciones de cargos, y preacuerdos. Además, también se redujo la aplicación de principios de oportunidad y sentencias condenatorias en procesos penales por delitos contra la administración pública.
  • Entre 2014 y 2020 se han archivado 7367 procesos penales por delitos contra mecanismos de participación democrática y contra la administración pública por imposibilidad de encontrar o establecer al sujeto pasivo, pese a que en estos delitos el afectado es el Estado.
  • Entre 2014 y 2020 se profirieron 50 sentencias contra aforados por delitos contra la administración pública o mecanismos de participación democrática: 13 fueron absolutorias, 36 fueron condenatorias, y en un caso se condenó por unos cargos y se absolvió por otros.