Junta Directiva

Maryluz Barragán González

José Roberto Acosta

Iván Velásquez Goméz

Maryluz Barragán González Enciso

Abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles (USA). Desde 2016 está vinculada a la organización Dejusticia, donde se desempeña como coordinadora del área de litigio estratégico en derechos humanos.

Experta en materia constitucional y administrativo. Ha trabajado para la Sección Tercera del Consejo de Estado en temas de responsabilidad extracontractual, así como en la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República en temas de responsabilidad fiscal. Ha asesorado a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en litigios para los sectores de transporte, infraestructura y planeación.

 

José Roberto Acosta

José Roberto Acosta

Economista de la Universidad Militar Nueva Granada, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, y Magister y especialista en finanzas corporativas del Colegio de Estudios Superiores de Administración.

Ha sido docente universitario desde 1993 y columnista del diario El Espectador, desde donde ha logrado posicionarse como uno de los personajes más contundentes de la opinión pública, con denuncias importantes sobre casos de corrupción como Odebretch, Navelena, Medimas, Bonos Agua, la venta de Isagen, entre otras.

Acosta ha trabajado por más de 25 años en el sector bursátil y financiero en firmas como Serfinco, Corredores Asociados, Grupo Aval y en Asesores en Valores S.A., Igualmente, se ha desempeñado como abogado litigante en asuntos relacionados con derecho económico, comercial y administrativo.

Iván Velásquez Goméz

Iván Velásquez Goméz

Abogado colombiano de la Universidad de Antioquía, fue director del Colegio Antioqueño de Abogados “Colegas”, en el cual adelantó campañas contra el “Estatuto de defensa de la justicia”, que pretendía establecer los jueces sin rostro y los testigos secretos.

Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquía, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil. En este cargo, logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamenal, e impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos.

En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado y un año después fue electo como Director Regional de Fiscalías en Medellín. En el año 2000 fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, y entre 2006 y 2012 coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas.

En el 2011 la International Bar Association (IBA) le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos, y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compomiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales.

Entre el año 2013 y 2019 fue designado como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) al nivel de Secretario General Adjunto de la Organización de las Naciones Unidas.