Guías de Buenas Prácticas para la Contratación de Obras Públicas Territoriales
Las Guías de Buenas Prácticas para la Contratación de Obras Públicas Territoriales tiene como objetivo fortalecer las capacidades de funcionarios públicos, ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil para la identificación, monitoreo y mitigación de ineficiencias en el gasto y riesgos de corrupción en la contratación de obras públicas durante la fase precontractual (planeación, llamado a ofertas, y adjudicación).
Esta Guía busca ser un documento de consulta referente para la promoción de la integridad en la contratación estatal de obras públicas y para el fortalecimiento de la colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil en el desarrollo transparente y eficiente de los procesos de contratación de obras públicas en el país.
Tomo I
La primera sección desarrolla la importancia de promover una contratación de obras públicas eficiente, íntegra e incluyente. La segunda sección desarrolla el marco normativo vigente para la contratación de obras públicas en el país. La tercera describe el marco de desarrollo de proyectos de obra pública.
Tomo II
El Tomo II analiza la práctica de la contratación de obras públicas desde la perspectiva de los actores involucrados en el desarrollo y veeduría de los contratos de obra pública. Para ello, se analizaron tres gobiernos territoriales a modo de estudios de caso: la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Cartagena de Indias.
Tomo III
El Tomo III presenta una guía de búsqueda ymanipulación de 12 datos abiertos de contratación pública en Colombia, aplicado a la contratación de obras públicas territoriales. El documento sigue la secuencia del proceso contractual, y propone fuentes alternativas de consulta para realizar ejercicios preliminares de debida diligencia sobre oferentes y contratistas.
Tomo IV
El Tomo IV formula recomendaciones y buenas prácticas encaminadas a mejorar la eficiencia, integridad e inclusión durante el desarrollo de obra pública a nivel territorial en Colombia, con especial énfasis en las fases precontractuales del contrato de obra. En algunos casos, las buenas prácticas planteadas se acompañarán de ejemplos prácticos o casos de estudio alusivos a la buena práctica mencionada.
El rol de las reglas de contratación en la eficiencia de las compras públicas en Colombia: el caso de las obras públicas y de infraestructura
El documento analiza las diferencias cuantitativas en el comportamiento de los principales indicadores del desempeño de la contratación pública en Colombia, para dos grupos de contratos de obra pública: aquellos adjudicados mediante la regla general del Estatuto General de Contratación, y los contratos adjudicados mediante regímenes especiales de contratación. Los resultados muestran que las características principales de los dos grupos de contratos son distintas entre sí, y que el uso de regímenes especiales de contratación propicia la concentración de mercado, generando una ineficiencia que atenta contra la competencia y el acceso a los mercados de compra pública. Por otro lado, se muestra que la llegada de la crisis sanitaria del Covid-19 tuvo un efecto negativo aunque temporal en la frecuencia y cuantía total del desarrollo de obras públicas. El documento plantea recomendaciones para el mejoramiento de la eficiencia en la contratación de obras públicas a la luz de los hallazgos, de cara a la recuperación económica post-pandemia.
Diseño y medición del Índice de Riesgos de Corrupción desde la perspectiva del oferente en el contexto de la emergencia por COVID-19
La crisis sanitaria por el COVID-19 ha llevado a la necesidad de hacer cumplir las normas extraordinarias de contratación con el fin de dar una respuesta rápida a los desafíos que surgen en materia de salud pública y asistencia social. Sin embargo, estas normas pueden haber aumentado la asignación discrecional de contratos a proveedores no especializados, que pueden ser potencialmente no aptos para entregar bienes y servicios de alta calidad.
En este contexto, el Índice de Contratistas Multipropósito (ICM) tiene como objetivo medir la heterogeneidad de propósitos de las empresas que suministran bienes y servicios al Estado colombiano luego de la promulgación del Decreto 440/2020, bajo la premisa de que las empresas altamente heterogéneas son más propensas a la corrupción que las especializadas.
