En esta investigación del Instituto Anticorrupción se encontró que 14 de 32 contralorías departamentales no recuperan ni el 3% del patrimonio público que nos gastamos los colombianos en su funcionamiento. Nuevamente, es necesario reabrir el debate sobre la eficacia y eficiencia del control fiscal en Colombia. 

Actualmente, en ciudades capitales como Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali, Medellín, entre otras, dentro del mismo territorio existen 4 entidades que ejercen la labor de las contralorías, esto es, recuperar los dineros que se han perdido a causa de un detrimento patrimonial al erario. 

Existen las contralorías municipales o distritales, las contralorías departamentales, las gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la República, e incluso, esta última entidad de orden Nacional puede asumir e iniciar casos directamente frente a recursos transferidos de la Nación a entidades territoriales. 

Todas tienen el mismo propósito principal, recuperar recursos del patrimonio público, a excepción de la Contraloría General de la República, quien también tiene una función preventiva y concomitante. 

Las contralorías no buscan sancionar o castigar a los funcionarios o particulares que causaron el detrimento, para ello existen los procesos disciplinarios y de responsabilidad penal. 

Esto quiere decir que, su propósito se mide y se cumple con la cantidad de recursos que logran recuperar de las actuaciones de personas que, obrando con culpa grave o dolo, causaron la pérdida de bienes y recursos al Estado. 

El área de litigio del Instituto Anticorrupción tardó 4 meses en recopilar información de la gestión de las contralorías departamentales a lo largo de los 10 últimos años. La pregunta que queremos resolver es si ¿vale la pena invertir tantos recursos en el funcionamiento de estas contralorías?

Comparativamente, encontramos que, del presupuesto invertido en funcionamiento a las contralorías departamentales en un periodo de 10 años, se recuperan un 6.13%, en el que la mayoría de ellas se encuentran entre el 0% y el 4%.

Las contralorías de Bolívar, Guainía, Atlántico, Cesar, Arauca y Quindío son las más críticas, pues logran recuperar menos del 2% de lo que nos cuesta a los colombianos su funcionamiento. Le siguen Caldas, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Santander, Cundinamarca, Córdoba y Magdalena, que en promedio recuperan entre el 2% y 3%.

En un momento de austeridad es necesario preguntarse si la inversión en la gestión de las contralorías departamentales se justifica y si es indispensable una reforma que replantee su existencia o su reorganización a efectos de hacer más eficiente su funcionamiento y logren su propósito real.

Al costo de funcionamiento de las contralorías departamentales se debe sumar el de las gerencias departamentales (31), las municipales (31) y las distritales (4).

El déficit en la gestión de las contralorías departamentales puede tener diversas causas: falta de capacitación técnica de los funcionarios, la inexistencia de mecanismos eficaces para garantizar la recuperación de los dineros, la contratación de personal sin experiencia relacionada, entre otros. 

Sin embargo, una de las grandes problemáticas que ha estudiado el Instituto Anticorrupción que han derivado en la ineficiente gestión de las contralorías consiste en la politización de estas entidades por su forma de elección en manos de las corporaciones públicas y las diversas irregularidades que se presentan en estos procesos, que llevan a que en muchos casos se trate de entidades de papel que favorecen el clientelismo y la burocracia.

No es coincidencia que en la actualidad la Procuraduría  General de la Nación adelanta 21 actuaciones por irregularidades en la elección de contralores territoriales.

Lo cierto es que las cifras no mienten, hoy en día nos cuesta más a colombianos el funcionamiento de las contralorías departamentales que lo que logran recuperar en su gestión. 

Es por ello que se avecina una reforma que garantice la despolitización de estas entidades, que evite la duplicidad de funciones y establezca mecanismos para mejorar su labor.

La solución más simple para esta problemática sería acabar con las contralorías territoriales, el problema de ello es que se perdería una función primordial dentro del Estado Social de Derecho que consiste en vigilar la gestión fiscal de las entidades públicas. 

El remedio podría ser peor que la enfermedad si se eliminan estas entidades y se crean otras con los mismos problemas. 

Por ello, cualquiera que sea la reforma, es importante que se realicen estudios juiciosos y minuciosos sobre el funcionamiento de las contralorías y las causas de su ineficiente gestión.

Pero, sobre todo, es necesario que se plantee una solución real y efectiva que arranque de raíz el uso de estas entidades para fines políticos y clientelistas que promueven el despilfarro de los recursos que tanto necesitamos en épocas de crisis como la que padecemos actualmente.