En Colombia existe un cúmulo de normas cuya finalidad es hacer frente a la corrupción y promover la transparencia en las actuaciones del Estado y los privados. Es relevante que, como ciudadanos, estemos informados de la regulación que gira en torno a esta problemática, para identificar cuándo un funcionario, un particular o una entidad está actuando de forma corrupta, vulnerando la ley y, sobre todo, saber lo qué podemos hacer al respecto.
Adicionalmente, estas normas prevén formas para ejercer un adecuado control social para luchar contra la corrupción, velar por la eficiente inversión de los recursos públicos y vigilar la gestión pública.
1. Ley 599 del 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”.
El Código Penal es, quizás, la herramienta más antigua que han tenido las sociedades para castigar los casos de corrupción e identificar cuáles son las conductas reprochables. Desde el Código Hammurabi -siglo XVIII antes de Cristo- se mencionan sanciones relacionadas con el robo a los administradores del reino.
Nuestro Código Penal vigente, específicamente en el Título XV, regula los delitos contra la Administración Pública. Estos, son aquellos relacionados con actos de corrupción. Así, se define en qué consiste el peculado en sus diferentes modalidades, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, el abuso de autoridad, entre otros, y las respectivas posibles sanciones a las que se puede ver sujeta la persona que incurra en estas conductas.
2. Ley 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
Esta ley, más conocida como el “Estatuto Anticorrupción”, es un compendio de normas que establecen medidas para la prevención y la lucha contra la corrupción pública y privada, establece sanciones y penas más duras para los delitos contra la Administración Pública relacionados con hechos de corrupción y los excluye de ciertos beneficios. Regula el acceso a la información en asuntos como el lobby o cabildeo, crea una Comisión Nacional para la Moralización, establece políticas institucionales y pedagógicas de transparencia, entre otros asuntos que han contribuido a lo largo de esta década a hacer frente a esta problemática.
3. Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
La Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública regula el acceso a la información pública, los procedimientos para ejercer y garantizar este derecho y establece las excepciones a la regla general de la publicidad de la información [1].
La importancia de esta ley radica en que los ciudadanos pueden conocer de los trámites, actuaciones y, en general, de la gestión pública de las Entidades, salvo aquellas excepciones que se contemplan. La regulación de este derecho permite que se pueda materializar el ejercicio de veeduría ciudadana y demás mecanismos de participación que facilitan la vigilancia de la función pública y el relacionamiento con la administración.
4. Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.
La veeduría ciudadana es uno de los mecanismos democráticos de participación más relevantes en la lucha contra la corrupción, pues permite que organizaciones comunitarias puedan ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto de las autoridades y entidades del país [2] y sobre los recursos públicos que estos ejecuten.
Las veedurías, en la lucha contra la corrupción, pueden hacer recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado [3].
En esta ley se especifican las funciones, medios y recursos de acción de las veedurías; sus derechos y deberes; los requisitos, impedimentos y prohibiciones; y su forma de constitución.
5. Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.
Esta normativa, promulgada recientemente, contiene disposiciones cuyo objeto es reforzar la articulación y coordinación en las entidades del Estado, para prevenir los actos de corrupción, así como resarcir los daños ocasionados por estas conductas y promover una cultura de integridad que contribuya a recuperar la confianza de la ciudadanía y el respeto por lo público [4].
Mediante esta ley, se fortaleció el régimen de responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción y se estableció un sistema de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción. Además, esta Ley, promueve la pedagogía en transparencia y anticorrupción en establecimientos educativos; por ejemplo, bajo la creación de la figura de contralores estudiantiles; y establece beneficios por colaboración con la autoridad, entre otras disposiciones.
Como estas, hay muchas otras normas en Colombia, que pretenden combatir la corrupción y que constituyen un avance en materia de regulación. Sin embargo, todavía existen retos como la regulación del “lobby” o cabildeo y la protección al denunciante de actos de corrupción, entre otros asuntos de gran importancia. Cabe resaltar que, la regulación no es la cura de todos los males, pero sí contribuye a esta lucha haciendo más difícil la actuación de los corruptos.
Referencias:
[1] Artículo 1 de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
[2] Artículo 1 de la Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.
[3] Artículo 4 de la Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.
[4] Artículo 1 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.
Alejandra Gálvez
Asesora de Litigio Estratégico
Abogada de la Universidad del Rosario con énfasis en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Estudiante de maestría en Derecho de Estado con Énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia en litigio estratégico, derecho administrativo, disciplinario y fiscal. Se ha desempeñado como abogada litigante en derecho público y ha coordinado proyectos de impacto colectivo en asuntos de Derechos Humanos.