Hoy en día todos hablan de corrupción. Al escuchar casos como el Cartel de la Toga, el PAE, Odebretch o como el reciente escándalo de OCAD Paz, lo primero que hacemos es señalarlo como “corrupción”. Y aunque no está para nada lejos de ser realidad, también es cierto que existen muchas dudas sobre cómo identificar un caso de corrupción.

¿Cómo reconocer que un suceso se trata de este fenómeno y no de un mero incumplimiento de un deber, la negación de una pretensión o derecho, o de un caso de injusticia? ¿Qué podría hacer usted si identifica síntomas de corrupción?

El Instituto Anticorrupción le ha apostado a recibir denuncias ciudadanas de personas que han presenciado o conocen un posible caso de corrupción. En el estudio de dichas denuncias nos hemos percatado de ciertos errores que llevan a confundir a la ciudadanía sobre lo que se puede considerar como ‘corrupto’. Muchos otros, a pesar de lograr identificarlo, no saben qué hacer para obtener más información o recolectar pruebas que sirvan para iniciar una investigación.

La enfermedad de la corrupción se puede prevenir y, con ello, evitar lamentables consecuencias económicas, sociales, políticas o de cualquier otro carácter para la sociedad civil. Para ello, se deben conocer cuáles son los eventos y/o situaciones que pueden involucrar actos de corrupción. 

Para los abogados o personas con conocimientos jurídicos existe corrupción en la medida en que, por ejemplo, se cometan delitos contra la administración pública como es el caso del peculado, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, el prevaricato, el abuso de autoridad, entre otros. 

Esto quiere decir que, sí una conducta puede ser tipificada por alguno de los anteriores delitos, entonces, se puede tratar de un caso de corrupción. De esta manera, los abogados cumplirían una labor de doctor especialista que identifica cuál es la enfermedad y su debido tratamiento.

Ahora, en el caso del llamado “ciudadano de a pie” no es suficiente conocer los términos de los delitos para lograr identificar la corrupción, pero sí identificar los síntomas que aquejan a esta enfermedad. En este caso, se obraría como médico de urgencias, como un triage en el que se pueden realizar las primeras pesquisas y lograr intuir si se está enfermo o no, cuál podría llegar a ser la magnitud de la afección y si es necesario acudir al médico especialista (abogado) para intervenir en el caso.

Como médico de urgencias, es necesario que logre evidenciar algunos de estos síntomas claves, indicios, que avizoran o aumentan la sospecha de un caso positivo para la enfermedad de la corrupción:

  • Generalmente hay una conexión reiterada entre particulares o empresas y entidades o servidores públicos.
  • Se presentan ambigüedades financieras (facturas y pagos dudosos, deficiencias o errores en los informes financieros).
  • Generalmente existen conflictos de intereses entre las partes asociadas.
  • Existe un beneficio de forma reiterativa a una misma persona ante la toma de decisiones.  
  • Se aprueban productos o servicios deficientes o con un sobrecosto alto respecto del precio del mercado.
  • Se presenta un único oferente a una licitación de gran cuantía y es quien resulta adjudicado. 
  • Existe un enriquecimiento abrupto y exponencial de un servidor público sin que exista una justificación aparente. 
  • Existe ocultamiento de información pública o es de difícil acceso para la ciudadanía. 
  • Se adjudica un multimillonario contrato a una empresa de dudosa reputación a nivel nacional y/o internacional. 
  • Se invirtieron millonarios recursos en una obra y hoy en día es un elefante blanco sin que se conozca sobre quién recae la responsabilidad.

Si se logra identificar uno o varios de estos síntomas en un mismo caso, posiblemente estamos padeciendo la enfermedad de la corrupción. 

Ahora bien, como sociedad civil tenemos el derecho y deber moral de indagar y lograr recopilar la mayor cantidad de información posible para ser entregada a las autoridades competentes. Así, el médico de urgencias -ciudadanía- debe remitir el caso a un especialista -experto en leyes-, como el Instituto Anticorrupción, para que se haga un estudio más profundo de la enfermedad, diagnostique e identifique su gravedad y tratamiento. 

La herramienta principal que puede utilizar cualquier persona como médico de urgencias para obtener más información del paciente es el derecho de petición. Mediante este, se puede dirigir a cualquier autoridad y preguntar e indagar más sobre los síntomas. Para ello, el doctor debe preguntar de forma concreta, respetuosa, precisa y clara sobre los aspectos claves que puedan evidenciar la existencia de la enfermedad y hacerle seguimiento. 

Se sugiere que entre las preguntas a realizar se cuestione sobre:

  • Los recursos: cuál es la cuantía de la obra o actividad estatal que se está realizando, de dónde provienen, cómo y cuánto se ha ejecutado. 
  • El funcionario público responsable: quién está encargado de la supervisión del proyecto, del seguimiento a los recursos, del cumplimiento de la meta.
  • La meta en el plan de inversión o en plan de desarrollo: estos instrumentos sirven como base en las entidades públicas para determinar por qué se están invirtiendo recursos en dicho proyecto.
  • Plazos: cuál es el cronograma del proyecto, los plazos, y cuál es el porcentaje de atraso del proyecto respecto de lo establecido.
  • Características del bien o servicio contratado: cuáles son estas características para poder comparar con lo que, en efecto, se está ejecutando. Por ejemplo, el espesor que debe tener la vía, el tipo de material que se debe utilizar. 

Las autoridades deben dar respuesta en los plazos establecidos en la ley y deben ser de fondo, de forma clara, precisa y congruente. 

De esta manera, cualquier persona puede identificar la corrupción como una enfermedad que tanto aqueja a nuestro país y contribuir en que se investiguen sus causas, hacer seguimiento a su tratamiento y se identifiquen a los responsables. Pueden contar con el Instituto Anticorrupción para hacer frente a esta endemia y lograr, entre todos, que día a día le encontremos la cura a este mal. 


Alejandra Gálvez

Asesora de Litigio Estratégico

Abogada de la Universidad del Rosario con énfasis en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Estudiante de maestría en Derecho de Estado con Énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia en litigio estratégico, derecho administrativo, disciplinario y fiscal. Se ha desempeñado como abogada litigante en derecho público y ha coordinado proyectos de impacto colectivo en asuntos de Derechos Humanos.