En defensa al ordenamiento jurídico la Alianza para la Veeduría Electoral -conformada por Extituto, Pares e Instituto Anticorrupción- en conjunto con el abogado independiente y profesor universitario, Douglas Lorduy, han presentado ante la Corte Suprema de Justicia una queja disciplinaria en contra de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, para que se investigue y se establezca su responsabilidad frente a todas las acciones que ha desplegado para desconocer las ordenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano.
Sus acciones tales como: la suspensión provisional del señor alcalde de Medellín electo Daniel Quintero Calle por presunta participación en política, abstenerse de usar procedimientos de la Procuraduría General de la Nación para separar de sus cargos a funcionarios públicos de elección popular, desconocer el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el mandato general del artículo 2 que obliga a los funcionarios a no excusarse en derecho interno para inaplicar un mandato convencional, y solicitar al Congreso de la República un proyecto legislativo que no respeta el trámite constitucional en materia de reformas a la administración de justicia da lugar un juzgamiento por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Se argumenta que este comportamiento de la Procuradora General de la Nación debe proceder en conformidad para garantizar el respeto al sistema político constitucional vigente en el Estado colombiano.
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