En 2013, por medio del Decreto 2821, se creó la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, con el fin de “realizar las actividades necesarias para asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos” (artículo 1). Para el cumplimiento de esta misión se dio paso a la creación de la URIEL, buscando integrar los canales de denuncias sobre irregularidades y delitos en materia electoral.
La instauración de la URIEL significó, entonces, un paso adelante en materia de protección de la democracia y una estrategia de involucramiento ciudadano para la promoción de una cultura de “cero tolerancia” frente a la comisión de delitos e irregularidades en los procesos electorales. Sin embargo, más allá de sus intenciones, presenta algunos desaciertos en el cumplimiento de sus propósitos.
En este Boletín se realiza un balance preliminar sobre el funcionamiento, la utilidad y el presupuesto público asignado a la URIEL. Tras casi 10 años de su implementación es necesario profundizar sobre esta medida, ver su alcance y el desempeño que ha tenido en los últimos años, desde 2014 hasta 2021.
Medio de recepción de las denuncias registradas en la URIEL de 2014 a 2021
El objetivo de URIEL es unificar la recepción de todas las denuncias en materia electoral presentadas por la ciudadanía; recibirlas para su eventual priorización, traslado y seguimiento. No obstante, la MOE, en lugar de la URIEL, está recibiendo la mayor cantidad de denuncias y quejas interpuestas en materia electoral. Así pues, con su creación, la URIEL no ha llevado a cabo, de manera efectiva, su proceso misional. El papel protagónico que ha tenido la MOE en los últimos años para la recepción de denuncias ha suplido, hasta cierto punto, una responsabilidad que debería estar a cargo de la URIEL.
Fuente: Elaboración propia con base en información remitida por el Ministerio del Interior (2022).
Ahora, a pesar de que la URIEL ha simplificado la labor de filtración, selección y el correspondiente trasladado a las entidades competentes, sobresale el hecho de que estos traslados, en la mayoría de las denuncias y quejas, han sido efectuados a más de una entidad pública, inclusive, en algunos casos, una sola denuncia se remite a más de cinco entidades. Esto implica duplicidad de funciones y reprocesos para aquellas entidades que no tienen competencia sobre el caso y, por lo tanto, no pueden actuar frente al hecho.
A su vez, de las más de quince entidades que reciben denuncias y hacen parte de la URIEL, se pudo corroborar que solo una, el Ministerio del Interior, registra información sobre esta plataforma dentro de sus actividades. Ni siquiera la Fiscalía General de la Nación —entidad que recibe el mayor número de traslados desde la URIEL.
Presupuesto del Ministerio del Interior de 2014 a 2021
A las 16 entidades que integran la URIEL se les consultó por el presupuesto asignado y ejecutado para este canal de denuncias, incluyendo los contratos de las personas asociadas que tenían tareas relacionadas con la administración de la URIEL. A excepción del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, ninguna otra entidad manifestó tener asignado presupuesto para las actividades relacionadas con la URIEL.
Fuente: Elaboración propia con base en información remitida por parte del Ministerio del Interior (2022).
El presupuesto correspondiente a la URIEL representa tan solo el 0,1 % del monto total establecido para el Ministerio del Interior en el periodo analizado —el cual se aproxima a los 4,1 billones de pesos—. En total, desde el año 2014 hasta el 2021, la URIEL ha ejecutado un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos. Durante los años 2017, 2018 y 2019 fue ejecutado el 6,9 % del total del presupuesto. Mientras que en 2014 y 2020 se empleó el 44 % del gasto total.
En este orden de ideas, a pesar de que la URIEL ha tenido un papel importante en periodos electorales y ha asumido un rol de coordinación relevante para atajar la corrupción electoral en el país, aún quedan algunos retos considerables en materia de cobertura, recepción y traslado de denuncias y quejas; coordinación interinstitucional; y definición de actividades, responsabilidades y presupuesto de la URIEL por parte de las entidades que la componen.
Para más información, consulta el informe completo: https://www.estudiosanticorrupcion.org/cero-impunidad/observatorio-de-justicia-e-impunidad/informes/