Se ha publicado un primer informe de hallazgos del Observatorio de Justicia e Impunidad, del Instituto Anticorrupción, en el marco del proyecto Cero Impunidad con apoyo del National Endowment for Democracy, sobre procesos penales por delitos contra la administración pública o contra mecanismos de participación democrática, de irregularidades electorales y de procesos de pérdida de investidura, con el fin de transparentar esta información, presentar potenciales riesgos de impunidad y empoderar a la sociedad civil respecto al control y veeduría que pueden ejercer frente a las actuaciones de servidores públicos. El informe revela que estos hechos de corrupción han aumentado en un 68%, pasando de 432 casos en 2019 a 727 en 2020.
El informe recopila a través de gráficas las bases de datos entregadas por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado; y a partir de estas gráficas, se realiza una descripción y análisis de la información presentada. Entre los hallazgos más relevantes, encontraron que:
- En el año 2020 se presentó un aumento en la ocurrencia de hechos presuntamente relacionados con delitos contra la administración pública, los cuales involucran a servidores públicos de cargos de elección popular, comparado con los años inmediatamente anteriores
(2014-2019). - En la política electoral local, el control social ejercido por los ciudadanos a las inscripciones de candidatos es reducido. Esto se evidencia en el número de solicitudes de revocatoria a inscripciones de candidaturas presentadas por la ciudadanía ante el Consejo Nacional Electoral en el marco de las elecciones locales de 2015 y 2019.
- En el año 2020 se presentó una reducción general en varios indicadores de judicialización de procesos penales por delitos contra la administración pública y contra mecanismos de participación democrática. Esto se evidencia en la disminución de las legalizaciones de captura, preclusiones, aceptaciones de cargos, y preacuerdos. Además, también se redujo la aplicación de principios de oportunidad y sentencias condenatorias en procesos penales por delitos contra la administración pública.
- Se han archivado 7.367 procesos penales adelantados por delitos contra mecanismos de participación democrática y contra la administración pública, por imposibilidad de encontrar o establecer al sujeto pasivo, pese a que en estos delitos el sujeto pasivo es el sistema democrático o el Estado. Es decir, en estos casos el afectado es conocido, no debe ser encontrado o establecido, porque los tipos penales infringidos buscan proteger bienes jurídicos tales como la integridad de la administración pública o la moralidad administrativa.
En Colombia, es la primera vez que se realiza un estudio de recolección de datos para entender la dimensión real de la lucha contra la corrupción. Consulte el informe completo aquí.