La impunidad en la judicialización de delitos asociados a corrupción pública ha deteriorado enormemente la credibilidad de las instituciones de la Rama Judicial. Aún peor, la impunidad es un factor determinante en el empeoramiento de la percepción ciudadana respecto a la corrupción en el país. De acuerdo a Transparencia Internacional, Colombia obtuvo 39 puntos en la más reciente medición del Índice de Percepción de Corrupción. Cuando se compara con los resultados de años anteriores, se ve que el país no ha tenido un cambio de percepción de corrupción significativo en los últimos diez años, a pesar de los esfuerzos del Estado colombiano y de la sociedad civil.
El siguiente informe compila y analiza los principales lineamientos e instrumentos de política pública anticorrupción vigentes desde (i) la planeación nacional, (ii) la planeación estratégica institucional, y (iii) la planeación sectorial. En este contexto, el informe establece recomendaciones a la luz de la experiencia y los hallazgos del Observatorio de Justicia e Impunidad durante 2021.
Algunas de las recomendaciones más importantes son:
- El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno entrante debe establecer el mandato de formular una Política Nacional de Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo central se enfoque estrictamente en la prevención, investigación y sanción de la corrupción. Esta Política debe servir como hoja de ruta para la acción interinstitucional desde la Comisión Nacional de Moralización y demás instancias que aborden la lucha contra la corrupción.
- Se recomienda fortalecer la capacidad de incidencia de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, y que se establezca como un escenario fundado en la Constitución Política de Colombia.
- Se recomienda a los directivos de las Altas Cortes y demás entidades de la Rama Judicial apoyar el establecimiento un modelo de Justicia Abierta, con el fin de aumentar la transparencia, confianza y efectividad del sistema de administración de justicia del país.
- Se recomienda al Consejo Nacional Electoral, a través de auditores independientes, realizar procesos de auditoría de verificación del origen de los recursos que ingresan a las campañas políticas, con el propósito de comprobar que no ingresen dineros provenientes de fuentes ilegales, o se trate de financiaciones realizadas a partir del patrimonio del mismo candidato, pero registrada a través de una representación jurídica.
- Se recomienda al Consejo Nacional Electoral establecer una herramienta tecnológica que permita realizar control financiero en tiempo real a las campañas políticas a través de la plataforma Cuentas Claras, de forma que permita identificar incongruencias contables en los registros financieros diligenciados por parte de las campañas políticas.
Consulta y descarga el informe completo en: https://www.estudiosanticorrupcion.org/cero-impunidad/observatorio-de-justicia-e-impunidad/informes/