Durante los últimos 20 años en Colombia se ha logrado adelantar dos grandes procesos de paz, el de los paramilitares que arrancó en el año 2005 y el de la guerrilla de las Farc que inició en el 2012. Estas iniciativas han incluido escenarios judiciales que han recibido las versiones de los excombatientes y les han condenado por sus crímenes, algunos de ellos han llegado a cumplir las penas completas por sus delitos recluidos en prisión.
De hecho, los procesos de paz han sido tan importantes para Colombia que el actual presidente electo del país, Gustavo Petro Urrego ha cumplido un poco más de 30 años en la legalidad democrática y después de haber participado de la vida democrática ha logrado alcanzar el máximo cargo político nacional que le permitirá cumplir con las propuestas que 30 años atrás pretendía lograr desde las estructuras armadas de la extinta guerrilla del M19.
Ante este escenario entendimos que el país ya había alcanzado un punto de madurez en sus procesos de paz, y ahora viene el tiempo de un ejercicio transitorio y ejemplar de justicia contra la impunidad y la corrupción.
En el mundo ya se han tenido experiencias internacionales como la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala – CICIG – liderada por las Naciones Unidas, y bajo el liderazgo de un colombiano, Iván Velásquez.
Desde el Instituto Anticorrupción hemos diseñado una propuesta de justicia en cabeza de la Corte Suprema de Justicia que, a través de una sala especial transitoria compuesta por nuevos magistrados y equipos de trabajo integrados por funcionarios judiciales de carrera, seleccionados para investigar y juzgar a toda persona responsable de delitos contra la ética pública y la democracia, tendrán un mandato de dos años contados a partir de la conformación de la sala y adelantarán un juicio nacional de ética pública.
¿Cómo funciona el Juicio Nacional de ética pública?
Crear una sala transitoria en la Corte Suprema de Justicia conformada por funcionarios judiciales de carrera requiere de un acto legislativo que permita su creación, y de una ley estatutaria que reglamente su funcionamiento.
Esta sala transitoria tendría a cargo la investigación y los juicios en contra de estructuras criminales que han tomado control de la contratación pública y del poder estatal a través de redes criminales que participan de procesos electorales para capturar instituciones del Estado.
El procedimiento para la designación de magistrados se realizará a través de una convocatoria pública de la que podrán participar funcionarios judiciales de carrera quienes entrarán en comisión de servicios por el tiempo que dura el mandato de la sala transitoria.
La dirección administrativa de la Rama Judicial tendrá a cargo de coordinar los escenarios públicos a nivel nacional en donde se adelantarán las ceremonias de juicio oral. El magistrado a cargo de presentar el caso contará con el apoyo de una unidad de trabajo integrada por investigadores judiciales encargados de instruir los procesos.
Cada juicio contará con una segunda instancia conformada por la sala plena transitoria, encargada de decidir los recursos presentados en el proceso. Así mismo, las tutelas que se interpongan en el marco del proceso de justicia serán conocidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
¿Cómo sería el procedimiento?
A través de la Secretaría General de la Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia se recibirán casos presentados por organizaciones de la sociedad civil, organismos de control fiscal y disciplinarios y el gobierno nacional. De manera oficiosa la sala podrá iniciar investigaciones contra cualquier persona de la que se crea responsable de delitos contra la administración pública y la democracia.
Los tipos penales y las condenas establecidas serán las mismas, el Código Penal no tendrá modificaciones, y el juicio contará con la totalidad de garantías procesales como el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad de armas y la presunción de inocencia.
Una vez el magistrado ponente encuentre los méritos necesarios para imputar la comisión de un delito procederá a citar a la persona y le impondrá las medidas de seguridad, incluyendo la privación de la libertad si existe un grave riesgo de fuga o por las demás causales definidas por la Ley penal.
Para facilitar la documentación de los casos la Sala Transitoria podrá acudir a información recolectada en todo tipo de procesos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales, y solicitará la remisión íntegra de los expedientes. Así mismo tendrá un poder preferente para tomar casos que se encuentren en la Comisión de Acusaciones o en los juzgados, tribunales y cortes y que se encuentren pendientes de inicio de juicio oral.
El periodo máximo que puede durar el procesamiento de una persona será de un año y medio, y la resolución de recursos en un periodo máximo de seis meses más. El tiempo de adición máximo será de un año más si se requiriera ante el volumen de trabajo.
La Sala Transitoria una vez cumpla su tarea será disuelta y los funcionarios que la integran retomarán sus cargos de origen. Las sentencia privativas de la libertad serán cumplidas en establecimientos penitenciarios en patios comunes.
El financiamiento de la Sala Transitoria será asumido por el presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial que en la actualidad dispone de 4 billones de pesos, y se deberá contar con las garantías de seguridad y movilidad que requieran los investigadores para realizar su tarea.
Alejandro Alvarado
Coordinador del Observatorio de Justicia e Impunidad
Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, historiador de la Universidad Industrial de Santander, especialista en derecho público de la Universidad Externado de Colombia, participó en el programa de estudios avanzados en derecho del Washington College of Law de American University. Fue ganador del primer concurso de estudios coreanos en Colombia con un trabajo titulado «Escenarios regionales de protección de derechos humanos y el rol de Corea».