El pasado lunes, 11 de julio, presentamos una acción judicial ante el Tribunal Administrativo como apoyo a la acción popular emprendida por la comunidad de Barichara que busca proteger los derechos colectivos vulnerados a causa de la obra inconclusa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
El caso consiste en la pérdida de más de 2 mil millones de pesos por la entrega inconclusa de la PTAR del municipio. Supuestamente se invirtieron dichos recursos para la obra, pero a causa de la corrupción la PTAR aún no se encuentra en funcionamiento. Además, se están realizando vertimientos de cuerpos a aguas protegidas que ponen en riesgo la salubridad pública y contaminan el medio ambiente.
El municipio necesita una pronta respuesta de la Gobernación de Santander, quien suscribió el Convenio Interadministrativo que dio lugar a la construcción de la PTAR y, además, quien tiene funciones legalmente estipuladas sobre la supervisión y cumplimiento de los objetivos ambientales, así como sobre la protección de los derechos colectivos que se han visto violados en el caso en cuestión. Con esta acción, se busca que haya una medida cautelar para la protección inmediata y urgente de los derechos colectivos de los habitantes de Barichara.
Los demandados en el caso son: Alcaldía de Barichara, Empresa de Servicios Públicos de Barichara E.P.B. S.A. E.S.P., la empresa Civiles y Ambientales Ingenieros LTDA – CIAMING LTDA., y la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-.