Colombia necesita con urgencia una Política Pública Nacional Anticorrupción ambiciosa, de carácter sistémico, que trace la hoja de ruta de la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción en el país. La formulación e implementación de esta Política debe ser una de las metas fundamentales del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Adriana romero, directora de estudios y política pública del instituto anticorrupción.
La promesa del presidente Gustavo Petro durante su discurso de posesión presidencial fue: “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un Gobierno de «cero tolerancia». Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores… nadie queda excluido del peso de la Ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella”.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción ha pasado de agache en la discusión pública nacional de los primeros 100 días de gobierno, a pesar de las investigaciones solicitadas por parte del presidente Petro a la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Llama la atención que no se esté conversando de este tema, pues para abril de este año el 44,8% de los encuestados en un estudio de la firma Statista afirmaron que la corrupción era el principal problema de Colombia, por encima de problemas como la delincuencia y la pobreza. Además, el -muy- recientemente publicado Índice de Estado de Derecho, muestra que en 2022 Colombia se ubicó en la posición 103 (de 140 países) en cuanto a la evaluación de ausencia de corrupción, a la par de países como Ghana, Zambia y Egipto.
Este no es un tema menor. Desde 2017 Colombia carece de una política pública con un objetivo claro de lucha contra la corrupción, y muchos de los esfuerzos que se han realizado desde entonces por iniciativa del Ejecutivo se encuentran desarticulados, o son parte de políticas que responden un objetivo diferente a la lucha contra la corrupción. Menciono un ejemplo específico: Los objetivos de combate a la corrupción establecidos en el actual Plan Nacional de Política Criminal (2021-2025) establecen estrategias de armonización interinstitucional y de consolidación de herramientas preventivas que se cruzan con las algunas de las funciones establecidas para la Secretaría de Transparencia. Sin embargo, la Secretaría de Transparencia no es miembro del Consejo Superior de Política Criminal, organismo ejecutor de la Política Criminal. Por ende, en este caso existe duplicidad de iniciativas, sin que sea evidente la existencia de un diálogo que coordine su ejecución entre estas dos entidades.
En este sentido, un mecanismo de armonización para todos los esfuerzos anticorrupción dispersos en el Gobierno Nacional sería la formulación e implementación de una Política Pública Nacional Anticorrupción. Esta Política permitiría trazar la hoja de ruta del Ejecutivo en los próximos años en los cuatro pilares fundamentales de la lucha contra la corrupción: prevención, detección, investigación y sanción. El desarrollo de una política pública de estas características debe ser una de las actividades principales del componente de buen gobierno del Plan Nacional de Desarrollo, actualmente en formulación. Igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo debe plantear una meta explícita que evidencie el cumplimiento de esta actividad.
El mandato que debe guiar la formulación de la Política Pública Nacional Anticorrupción debe ser el restablecimiento de la confianza ciudadana en todas las instituciones públicas. Por un lado, el principal dolor de los colombianos es la altísima percepción de impunidad: la Encuesta de Cultura Política del DANE revela que el 91% de los colombianos considera que la ausencia de castigo es el principal factor por el cual existe corrupción en Colombia. Igualmente, entre 2019 y 2021 la población colombiana aumentó su alta percepción de corrupción en todos los sectores de la administración pública.
Porcentaje de personas que respondieron a una percepción alta de corrupción (por sector de la administración pública)
Un reto importante de la institucionalidad anticorrupción consiste en que el Gobierno Nacional no sólo debe coordinarse internamente, sino también debe coordinarse con los gobiernos territoriales, las demás ramas del poder público, los organismos de control, la organización electoral y la sociedad civil, bajo el propósito común de lucha contra la corrupción. Para ello, el Estatuto Anticorrupción contempla la Comisión Nacional de Moralización y las Comisiones Regionales de Moralización, como escenarios que facilitan la comunicación entre entidades del Estado. Reactivar estos escenarios es fundamental para potencializar la materialización de una Política Pública Nacional Anticorrupción. Sin embargo, su utilidad dependerá de la capacidad de concertación y de liderazgo que ejerza el Gobierno Nacional dentro de ellos, para materializar acciones concretas de Estado. En particular, la Comisión Nacional de Moralización demanda un liderazgo visible por parte del Presidente de la República.
Así mismo, la Política Pública Nacional Anticorrupción debe dar mayor relevancia pública a la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción, y fortalecer su capacidad de incidencia. Un aspecto importante de este fortalecimiento consiste en actualizar el alcance de sus funciones, de modo que su función no se restrinja a velar exclusivamente por el cumplimiento de la Ley 190 de 1995 y del Estatuto Anticorrupción, sino también por el cumplimiento de la normatividad más actual de prevención y combate a la corrupción, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o la Ley Anticorrupción (2195 de 2022).
Existen soluciones ya planteadas para algunos problemas que prolongan la persistencia de la corrupción en el sector público, y que se han implementado en otros países. Sin embargo, en Colombia no ha habido suficiente consenso político desde el legislativo para implementarlas. Por ejemplo, las iniciativas de regulación al cabildeo o de mecanismos de protección a denunciantes no son nuevas en la discusión pública anticorrupción (por la cantidad de veces que se han hundido durante su trámite en el Congreso), pero sí son de gran importancia para cambiar el statu quo de los incentivos que fomentan los comportamientos corruptos en el país.
Sin embargo, el combate a la corrupción es quizás el problema que requiere la atención más urgente de quienes se dedican a la innovación pública: esta columna es una invitación abierta a diseñar soluciones para la lucha contra la corrupción. Si algo es claro a la luz de las percepciones anteriores es que la forma tradicional en que se ha estado abordando este problema no está funcionando. Por ejemplo, la debilidad en la garantía en el acceso a la información pública, la debilidad de la cultura de la integridad pública, y la inexistencia de mecanismos para una gestión adecuada de conflictos de interés, justificaron la formulación de la Política Pública Integral Anticorrupción (Documento CONPES 167 de 2013). Ocho años después, estos problemas son nuevamente parte del diagnóstico que justifica la formulación del Documento CONPES 4070 de 2021, que brinda lineamientos para la consolidación de un Estado Abierto, y cuyo propósito complementa -pero no constituye- la lucha anticorrupción.
¿Cómo brindar soluciones definitivas a un problema tan persistente como la corrupción y sus detonantes? Posiblemente la solución resida en la innovación pública. Pero definitivamente la solución pasa por la voluntad política, y por el cambio cultural hacia la integridad que nos corresponde a nosotros los ciudadanos. Pero de eso hablaremos después.
Adriana Romero
Directora de Estudios y Política Pública del Instituto Anticorrupción
Economista y magister en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, y MSc. en Ciencia Política y Economía Política del London School of Economics and Political Science. Sus áreas de interés son la transparencia, análisis de corrupción, rendición de cuentas y economía política del desarrollo. Fue becaria del programa Jóvenes Investigadores de COLCIENCIAS 2012-2013, y ha trabajado por seis años en entidades públicas como el Banco de la República, la Dirección General Marítima y la Veeduría Distrital.