La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2005, explicó la impunidad como la inexistencia de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de la responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria. Esto, porque escapan de toda investigación con miras hacia su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condenas apenas apropiadas, e incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, define la impunidad como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones o delitos.

Por su parte, la Universidad de las Américas Puebla presenta un Índice Global de Impunidad donde indica que los altos niveles de impunidad pueden estar interrelacionados con problemas de acceso a la justicia, fragilidad del Estado de Derecho, desarrollo económico insuficiente, desigualdad socioeconómica, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, y en especial a las violaciones de los derechos humanos.

La impunidad en sí misma no es menos que una vulneración a todos los tipos de derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) como consecuencia de una falta de justicia que, siendo obligación de los gobiernos promover y proteger la integridad de estos, se hace evidente la falta de operancia y acción para combatirla. 

Algunos ejemplos de impunidad, en un gobierno como el colombiano, pueden ser:

  • El desvío de dineros por medio de contratos públicos sin ser investigados.
  • Culminar el proceso de investigación contra indiciados por vencimiento de términos.
  • Los procesos penales con preclusión por prescripción.
  • La ausencia de investigación por factores de capacidad o el delito que pueden cometer las personas con mayor concentración de dinero para sobornar y de esta forma evitar el inicio de una investigación en su contra.

La impunidad es un problema de magnitudes enormes que existe no solo en Colombia, sino también en América y el mundo que genera retrocesos, damnificación y destrucción social. La impunidad es valorada y gratificada solo por los que hacen parte de este círculo vicioso, al cual la sociedad civil está llamada a destruir a partir del empoderamiento ciudadano, la veeduría colectiva, la denuncia y la interrelación con las organizaciones que quieren salir al combate.

El Instituto Anticorrupción pone a disposición de la ciudadanía una serie de herramientas e información de valor para combatir la corrupción y, como consecuencia, la impunidad. Algunas de estas herramientas de control social son: su canal de denuncias, informes de hallazgos relacionados con el desempeño institucional de entidades públicas, lineamientos de política pública anticorrupción, estadísticas relacionadas a los procesos electorales, plataformas para la identificación y conocimiento de las actuaciones de las diferentes entidades de la rama judicial y órganos de control como IntegriData. Todo esto con el fin de combatir la impunidad y poner a disposición de entidades y ciudadanía formas y herramientas para luchar contra este fenómeno.


Ivón Sepúlveda

Asesora de análisis de datos

Economista egresada de la Universidad Católica de Colombia (2020), con énfasis en finanzas públicas y corporativas, graduada con Honores. Obtuvo certificaciones en análisis de datos de la institución Coursera Inc. y realizó diplomado en Finanzas.