Una de las demandas que llegaron al Consejo de Estado pidiendo anular la elección de los togados, fue la presentada por Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar y miembro de la coalición Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción (FUERSA), apoyado por académicos y analistas como Camilo Enciso, Director del Instituto Anticorrupción.
El punto principal de la demanda fue que la “interpretación” del reglamento vulneró el Decreto 160 de 1978, que dice que las elecciones de funcionarios de altas cortes deben hacerse con las 2/3 partes de sus integrantes, que para el caso son 16 votos.
