La actual crisis de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas demanda transparencia. Por ello, desde el Observatorio de Justicia e Impunidad se ha realizado un estudio que busca contribuir a la compresión de la corrupción política, la gestión judicial y el detrimento fiscal en la perpetuación del fenómeno de la corrupción en Colombia.
En este segundo informe se ha realizado un balance sobre los avances en la judicialización de políticos aforados constitucionales que han sido procesados por la Corte Suprema de Justicia, en el marco del caso denominado “Parapolítica”. Se seleccionó este caso en particular por su connotación en la vida política del país entre los años 2007 al 2018: para la justicia del país fue un reto judicializar a políticos de alto nivel, y por esa razón es significativo comprender cómo se dio este proceso.
Hallazgo: Entre 2007 y 2018 la Corte Suprema de Justicia profirió 62 sentencias contra aforados por parapolítica.
El Acto Legislativo 01 de 2018 otorgó el derecho a impugnar las sentencias condenatorias de forma retroactiva (es decir, que ahora pueden reabrir sus procesos legales para que revisen nuevamente su caso). Hasta el momento, se han solicitado impugnación de cinco sentencias.
Así mismo, se presenta información de indicadores de gestión de la Rama Judicial recolectados por el Consejo Superior de la Judicatura entre 2014 y 2020, con el fin de tener una mirada general de la administración de justicia en materia penal y así, validar la información presentada a la ciudadanía en el Primer Informe del Observatorio de Justicia e Impunidad.
Hallazgo: Los datos del Consejo Superior de la Judicatura ratifican la caída en los principales indicadores de administración de justicia en 2020, frente a años anteriores: el # de decisiones condenatorias/absolutorias, # condenados, # de sentencias proferidas, entre otros.
El primer informe de hallazgos llegó a la misma conclusión, usando datos de la Fiscalía. A pesar que la tendencia coincide, es urgente diagnosticar el motivo por el cual las cifras entre las dos entidades difieren tanto.
Por último, se ha levantado información relevante sobre los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la República. El ejercicio de la gestión fiscal consiste en las actividades que realizan los servidores públicos y los particulares que administran recursos del Estado al adquirir, planear, custodiar, invertir y disponer de bienes públicos.
Hallazgo: Entre 2014 y 2020, la Contraloría General de la Nación en Colombia profirió 2.121 fallos de responsabilidad fiscal. De los cuales, 52% declaran responsabilidad, 45% son fallos sin responsabilidad y 3% son mixtos. El monto de los fallos con responsabilidad fiscal asciende en total a 1,14 billones de pesos.
Para más información, consulta el informe completo:
IA-Segundo-Informe-Hallazgos-V5